La identificación de funcionarios supuestamente ligados al capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto, fue reclamada este martes por monseñor Agripino Núñez Collado, quien calificó de irresponsabilidad de quien hizo la denuncia que no revele la identidad de esas personas.
Núñez Collado entiende que si en verdad hay funcionarios involucrados, las autoridades deben revelar los nombres, para que la población conozca quiénes son, e insistió en que constituye una irresponsabilidad que se diga que hay funcionarios involucrados en el caso y que no se digan los nombres.
El prelado también llamó al sector empresarial y al Gobierno a dialogar para buscar una salida al anunciado aumento de los combustibles de forma que no afecte a la mayoría, tras considerar que no es momento de crear fricción, por lo que planteó que ambos sectores se sienten y analicen la situación, y si el aumento de 10 pesos a los combustibles afecta o crea una escala inflacionaria, que la medida se deje sin efecto por el momento.
A juicio del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cualquier medida que el gobierno tome en los momentos debe tomar en cuenta que no afecte de ninguna manera la estabilidad económica de la población.
Tras el anuncio hecho la semana pasada por el ministro de Hacienda Vicente Bengoa, de que en los próximos días el Gobierno someterá al Congreso dos proyectos de modificación de varias leyes, especialmente de la 112-01 sobre hidrocarburos, que establece cada tres meses una indexación por inflación de los impuestos que se cobran a las gasolinas, que no se aplica desde el 2007, se suscitó un enfrentamiento verbal con el Consejo Nacionald de la Empresa Privada, cuyo presidente Lisandro Macarrulla advirtió que la medida provocaría despidos masivos y la quiebra de decenas de empresas.
Bengoa explicó que la indexación por inflación no se hizo antes cuando los precios del petróleo alcanzaron cifras astronómicas, ya que de haberse materializado esto el precio de la gasolina hubiera sobrepasado los 250 pesos el galón, y habría provocado una situación insostenible.
Recordó que los empresarios, coincidiendo con la oposición, sugirieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disciplinar la economía nacional.
Núñez Collado entiende que si en verdad hay funcionarios involucrados, las autoridades deben revelar los nombres, para que la población conozca quiénes son, e insistió en que constituye una irresponsabilidad que se diga que hay funcionarios involucrados en el caso y que no se digan los nombres.
El prelado también llamó al sector empresarial y al Gobierno a dialogar para buscar una salida al anunciado aumento de los combustibles de forma que no afecte a la mayoría, tras considerar que no es momento de crear fricción, por lo que planteó que ambos sectores se sienten y analicen la situación, y si el aumento de 10 pesos a los combustibles afecta o crea una escala inflacionaria, que la medida se deje sin efecto por el momento.
A juicio del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cualquier medida que el gobierno tome en los momentos debe tomar en cuenta que no afecte de ninguna manera la estabilidad económica de la población.
Tras el anuncio hecho la semana pasada por el ministro de Hacienda Vicente Bengoa, de que en los próximos días el Gobierno someterá al Congreso dos proyectos de modificación de varias leyes, especialmente de la 112-01 sobre hidrocarburos, que establece cada tres meses una indexación por inflación de los impuestos que se cobran a las gasolinas, que no se aplica desde el 2007, se suscitó un enfrentamiento verbal con el Consejo Nacionald de la Empresa Privada, cuyo presidente Lisandro Macarrulla advirtió que la medida provocaría despidos masivos y la quiebra de decenas de empresas.
Bengoa explicó que la indexación por inflación no se hizo antes cuando los precios del petróleo alcanzaron cifras astronómicas, ya que de haberse materializado esto el precio de la gasolina hubiera sobrepasado los 250 pesos el galón, y habría provocado una situación insostenible.
Recordó que los empresarios, coincidiendo con la oposición, sugirieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disciplinar la economía nacional.
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