Desde que se anunció la intención de instalar una fábrica de cemento que aprovecharía al mismo tiempo los recursos mineros de la corteza terrestre en la zona de Caballero, los habitantes de las comunidades aledañas han manifestado su abierta oposición a través de cartas, declaraciones, reuniones y movilizaciones.
Al parecer, el proyecto ha recibido el respaldo de diferentes instancias del gobierno e incluso, según los informes, hasta la Licencia Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Si así ha sido, considero desatinada esa decisión de Medio Ambiente, y me identifico plenamente con los comunitarios y con los técnicos de la Subsecretaría de Areas Protegidas de la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que emitieron una opinión madura y sopesada en contra de que le fuera otorgada la Licencia a dicho proyecto.
El Parque Nacional Aniana Vargas es parte de una de las más importantes zonas de acumulación de agua de la región del Cibao. Las aguas que sobre él caen se infiltran a través de millares de furnias y cavernas y forman ríos subterráneos que vienen a alimentar todo el acuífero o aguas subterráneas acumuladas en toda la zona Bonao y Maimón, en todo el territorio de la Provincia Sánchez Ramírez y parte de las provincias de La Vega e incluso de San Francisco de Macoris.
Los pozos que alimentan el acueducto de Cotuí y la Mata, y que suple a más de un cuarto de millón de dominicanos, extraen agua que es suministrada por zona de la región.
De Caballero surgen manantiales que alimentan los ríos Yuna y la Presa de Hatillo y otros que drenan hacia el centro del pueblo.
A parte del consumo humano desde Maimón hasta San Francisco de Macorís y la provincia de Nagua, el acuífero que es alimentado por el parque Nacional Aniana Vargas aporta el agua para la agricultura y la ganadería en toda esa región, incluyendo la producción de ciclico de tanta importancia económica.
Solo me detengo en la importancia hídrica del Lago de hatillo dentro del parque Aniana Vargas y no hago mención en esta ocasión de su importancia y potencial para el ecoturismo, ni de su extraordinaria singularidad paisajística, ni de su valor en la conservación de la biodiversidad, ni de su influencia en la estabilidad del clima de la isla.
Según los informes, la autorización incluye no solo instalar una cementera, sino también explotar las calizas de la corteza terrestre.
Esta actividad es totalmente incompatible con una zona de tanta importancia hídrica, que aporta el agua a casi el 25% de la población dominicana y de la que depende un alto porcentaje de la economía del país en sectores tan diversos como el turismo, la agricultura, la industria de la pesca, la ganadería y numerosas industrias, incluyendo la zona franca de Cotuí y la proncia Duarte.
La actividad de la cementera y la minera afectará cerca de 12 kilómetros cuadrados de zona carstica, rica en cavernas y dolinas (sumideros) que originan lagos y corrientes subterráneas, justo en la zona de nacimiento del río Socoa, afluente del Cabirma, el cual aporta a su vez al Yujo.
El argumento de que el área de concesión esta fuera de los límites del Parque no es válido en virtud de que esa zona es parte del Parque Nacional, es decir de la región geológica y como tal es parte de su zona de amortiguamiento, en la cual se permiten ciertas actividades compatibles que no provoquen alteraciones considerables del paisaje ni de los procesos ecológicos y, en especial, hídricos que se originan en la zona.
Técnicamente, de conformidad con los lineamientos de la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (UICN) y de las propias disposiciones nacionales, el uso minero debe estar totalmente prohibido en una zona con tal potencial hidrológico y mucho más si es parte de la zona de influencia de un área natural protegida.
Legalmente están protegidos por la Ley 64-00 todos los nacimientos de ríos, arroyos y cañadas. La misma Ley protege todas las cavernas del país. La zona concedida para explotación reúne ambas cualidades protegidas.
Socialmente es una injusticia colosal, un verdadero abuso y atropello, que pretendan desalojar a 30,000 dominicanos de las tierras que subsisten, con la promesa de darles parcelas, y casa en otros pueblos vecinos, para después no cumplir la promesa y dejarlo a la interperie.
Lo procedente es anular toda concesión que se haya realizado, sugerir a los promotores que busquen otra zona menos vulnerable y que no entre en contradicción con otro uso más necesario para la nación.
Los terrenos que pretenden ceder a un consorcio privado para la instalción de la referida cementera, deberían ser utilizados para reparar la gran injusticia que ha condenado a una vida de miseria intensificada a más de 500 familias de este pueblo.
Utilizar esa enorme superficie para convertirla en parcelas y entregarlas de Hatiilo y el ocho, como se les prometió hace varias decadas, con lo cual se cumple una vieja deuda social y además se contribuiría a reducir las presiones sobre esta área protegida, verdadero tesoro natural y patrimonio de la nación.
0 comentarios