Diversas reacciones ha provocado el contrato firmado por el Estado dominicano con la empresa minera Barrick Gold, a partir de la denuncia de que más de 300 trabajadores de esa empresa se intoxicaron la semana pasada.
Mientras, el ministro de Industria y Comercio lo defiende, otros sectores dentro del propio Gobierno entienden que el mismo debe ser revisado.
Legisladores dirigentes políticos de diferentes partidos han manifestado posiciones encontradas en torno al tema.
Entre los que se han manifestado en contra están el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Víctor Terrero; el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Rafael Molina Lluberes.
Terrero, quien es diputado por la provincia Barahona pidió excusa a la sociedad por haber votado a favor de la instalación en el país de la empresa minera Barrick Gold sin leerlo.
Justificó su votó a favor de la aprobación del contrato porque desde el Gobierno se vendió la idea de que era beneficioso para el país.
Se quejó de que los miembros de la comisión han tratado de recibir una explicación de lo que ocurrido, pero que se les ha impedido.
“Nosotros nos sentimos en la obligación de saber lo que está ocurriendo allí. Hemos tratado de hacer contacto con los dueños de la Barrick Gold para que nos permitan entrar, para ver con nuestros ojos, pero no hemos tenido respuestas”, dijo.
Dijo que, como legislador que votó a favor del proyecto de arrendamiento, tiene la obligación de investigar lo que está ocurriendo en el interior de la empresa asentada en Pueblo Viejo, Cotuí.
Mientras que el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Monseñor Nouel y candidato a la reelección, Félix Nova, dijo que dejar el contrato de la Barrick Gold como está, significa un atraso para las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel y afirmó que éste debe revisarse, porque afecta a la provincia Monseñor Nouel, y “eso no lo vamos a negociar”.
Aseguró que no necesita a la Barrick Gold como tema de campaña.
Para Nova no es lógico de que a pesar de que Monseñor Nouel está a dos kilómetros de Sánchez Ramírez, donde está instalada la Barrick Gold, no vaya a recibir beneficio alguno.
“Hay que revisar ese contrato y eso le conviene al presidente Leonel Fernández”.
“Mientras la provincia Sánchez Ramírez va a recibir el 5% de los beneficios netos de la Barrick Gold, Monseñor
Nouel no recibirá nada. Lo más saludable es que se modifique el contrato”, dijo.
En tanto que el ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, defendió el contrato del Estado dominicano y considera que no es necesaria su revisión.
“Un contrato no se revisa, se aprueba o no se aprueba, y no fuimos nosotros que lo aprobamos, fue el Congreso”.
El funcionario aseguró que ese contrato es “muy” beneficioso para el país, pero considera ha faltado orientar a la población de lo que realmente representa para el país la explotación de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí.
Reconoció que han salido muchos planteamientos que, tal vez, “no se sabe ahora cuál es la realidad del contrato, y le sugerí la Barrick Gold hacer una inversión en los medios de comunicación, porque esto es una guerra de comunicación, es un asunto de percepción”.
Insistió en que la empresa no tiene una información adecuada en la población de los beneficios que representa el contrato. Consideró que “lo que no se puede es presionar a las empresas para que se le dé contrata”.
Dijo que en lo que tiene que ver con el aspecto impositivo fue discutido por el Ministerio de Hacienda, y que Industria y Comercio se limitó al área que tiene que ver con minería.
De su lado, el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Rafael Molina Lluberes, confirmó este jueves que fue acosado durante varios kilómetros de la Autopista Duarte, por desconocidos con el rostro cubierto con pasamontañas que trataron de intimidarlo, lo que atribuye a su postura adversa al contrato entre el Estado y la minera Barrick Gold.
Indicó que la persecución del vehículo en que viajaba junto a su personal de seguridad inició a la altura del kilómetro 22 de la referida vía, primero por parte de personas a bordo de dos vehículos, y luego por parte de encapuchados motorizados que le obstruían el paso.
“Las otras noches veníamos de Cotuí y nos venían persiguiendo dos carros, un Toyota y un Honda Civic, entonces desde el kilómetro 22 aparecieron motoristas con pasamontañas; tuvimos que despejar la vía a tiros y los perseguimos hasta una bomba del ensanche Alameda (sector situado en el KM 14)”, narró el legislador reformista.
Molina Lluberes externó que le preocupa “la actitud mafiosa que ha tomado la Barrick Gold” frente a quienes se oponen a los términos del contrato, que le permite explotar las reservas de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí.
Opinó en este orden que “el mensaje es claro: o te callas o te callamos”.
Explicó que desde que empezó a objetar el citado convenio le llamaron “atrevido, alegando que fue aprobado por las instituciones del Estado” y que la multinacional ya había invertido más de 500 millones de dólares en sus instalaciones.
Reiteró que seguirá abogando por la revisión del contrato que a su entender constituye “una estafa contra el Estado” y un atentado contra su provincia, en términos medioambientales.
Denunció que el polvillo derivado de las excavaciones ha cubierto de un color amarillento la capa vegetativa de la zona en donde opera la minera, que, insistió, “debe asumir el pasivo ambiental” heredado de la extinta Rosario Dominicana.
Mientras, el ministro de Industria y Comercio lo defiende, otros sectores dentro del propio Gobierno entienden que el mismo debe ser revisado.
Legisladores dirigentes políticos de diferentes partidos han manifestado posiciones encontradas en torno al tema.
Entre los que se han manifestado en contra están el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Víctor Terrero; el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Rafael Molina Lluberes.
Terrero, quien es diputado por la provincia Barahona pidió excusa a la sociedad por haber votado a favor de la instalación en el país de la empresa minera Barrick Gold sin leerlo.
Justificó su votó a favor de la aprobación del contrato porque desde el Gobierno se vendió la idea de que era beneficioso para el país.
Se quejó de que los miembros de la comisión han tratado de recibir una explicación de lo que ocurrido, pero que se les ha impedido.
“Nosotros nos sentimos en la obligación de saber lo que está ocurriendo allí. Hemos tratado de hacer contacto con los dueños de la Barrick Gold para que nos permitan entrar, para ver con nuestros ojos, pero no hemos tenido respuestas”, dijo.
Dijo que, como legislador que votó a favor del proyecto de arrendamiento, tiene la obligación de investigar lo que está ocurriendo en el interior de la empresa asentada en Pueblo Viejo, Cotuí.
Mientras que el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Monseñor Nouel y candidato a la reelección, Félix Nova, dijo que dejar el contrato de la Barrick Gold como está, significa un atraso para las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel y afirmó que éste debe revisarse, porque afecta a la provincia Monseñor Nouel, y “eso no lo vamos a negociar”.
Aseguró que no necesita a la Barrick Gold como tema de campaña.
Para Nova no es lógico de que a pesar de que Monseñor Nouel está a dos kilómetros de Sánchez Ramírez, donde está instalada la Barrick Gold, no vaya a recibir beneficio alguno.
“Hay que revisar ese contrato y eso le conviene al presidente Leonel Fernández”.
“Mientras la provincia Sánchez Ramírez va a recibir el 5% de los beneficios netos de la Barrick Gold, Monseñor
Nouel no recibirá nada. Lo más saludable es que se modifique el contrato”, dijo.
En tanto que el ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, defendió el contrato del Estado dominicano y considera que no es necesaria su revisión.
“Un contrato no se revisa, se aprueba o no se aprueba, y no fuimos nosotros que lo aprobamos, fue el Congreso”.
El funcionario aseguró que ese contrato es “muy” beneficioso para el país, pero considera ha faltado orientar a la población de lo que realmente representa para el país la explotación de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí.
Reconoció que han salido muchos planteamientos que, tal vez, “no se sabe ahora cuál es la realidad del contrato, y le sugerí la Barrick Gold hacer una inversión en los medios de comunicación, porque esto es una guerra de comunicación, es un asunto de percepción”.
Insistió en que la empresa no tiene una información adecuada en la población de los beneficios que representa el contrato. Consideró que “lo que no se puede es presionar a las empresas para que se le dé contrata”.
Dijo que en lo que tiene que ver con el aspecto impositivo fue discutido por el Ministerio de Hacienda, y que Industria y Comercio se limitó al área que tiene que ver con minería.
De su lado, el diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Rafael Molina Lluberes, confirmó este jueves que fue acosado durante varios kilómetros de la Autopista Duarte, por desconocidos con el rostro cubierto con pasamontañas que trataron de intimidarlo, lo que atribuye a su postura adversa al contrato entre el Estado y la minera Barrick Gold.
Indicó que la persecución del vehículo en que viajaba junto a su personal de seguridad inició a la altura del kilómetro 22 de la referida vía, primero por parte de personas a bordo de dos vehículos, y luego por parte de encapuchados motorizados que le obstruían el paso.
“Las otras noches veníamos de Cotuí y nos venían persiguiendo dos carros, un Toyota y un Honda Civic, entonces desde el kilómetro 22 aparecieron motoristas con pasamontañas; tuvimos que despejar la vía a tiros y los perseguimos hasta una bomba del ensanche Alameda (sector situado en el KM 14)”, narró el legislador reformista.
Molina Lluberes externó que le preocupa “la actitud mafiosa que ha tomado la Barrick Gold” frente a quienes se oponen a los términos del contrato, que le permite explotar las reservas de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí.
Opinó en este orden que “el mensaje es claro: o te callas o te callamos”.
Explicó que desde que empezó a objetar el citado convenio le llamaron “atrevido, alegando que fue aprobado por las instituciones del Estado” y que la multinacional ya había invertido más de 500 millones de dólares en sus instalaciones.
Reiteró que seguirá abogando por la revisión del contrato que a su entender constituye “una estafa contra el Estado” y un atentado contra su provincia, en términos medioambientales.
Denunció que el polvillo derivado de las excavaciones ha cubierto de un color amarillento la capa vegetativa de la zona en donde opera la minera, que, insistió, “debe asumir el pasivo ambiental” heredado de la extinta Rosario Dominicana.
0 comentarios