Ambientalistas de la Academia de Ciencias, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el economista Jaime Aristy Escuder admitieron este viernes que los problemas ambientales existentes en la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, no son todos responsabilidad histórica de la empresa Barrick Gold.
Sin embargo, consideraron que ésta tiene en parte responsabilidad, porque desde 2006, cuando asume la mina, debió iniciar los trabajos de remediación de los daños ambientales provocados por los sulfuros, dejados a cielo abierto por la Rosario Dominicana.
Durante un debate realizado esta mañana a través del programa Uno + Uno, dirigido por el periodista Juan Bolívar Díaz y el politólogo Rafael Toribio, asistieron como defensores del contrato y las operaciones de la compañía Barrick Gold el director de Minería, Octavio López; el director ejecutivo de la minera, Fernando Sánchez Albavera, y el consultor privado, doctor Luis Rafael Pellerano, de la Cámara Minera de República Dominicana.
Como opositores al contrato participaron los ingenieros Osiris de León, de la Academia de Ciencias, y Luis Carvajal, de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad estatal, y el economista Jaime Aristy Escuder, como asesor privado.
Los participantes también concluyeron en que es una necesidad la explotación de los sulfuros dejados por la Rosario Dominicana y que no explotó la Placer Dome, minera canadiense que ganó una licitación internacional en 2001 para esas operaciones, pero que fue asumida posteriormente por la Barrick Gold.
Las partes también coincidieron en que es posible la explotación de los referidos sulfuros y demás metales contenidos en Pueblo Viejo sin causar daños ambientales mayores, mediante la aplicación de un adecuado programa de reforestación y remediación en las áreas de extracción.
El director ejecutivo de la Barrick Gold, Fernando Sánchez Albavera, dio garantía a los participantes en el panel y al país, de que una vez esa compañía concluya sus labores de extracción y explotación, los terrenos quedarán reforestados, sin óxidos ni sulfuros a cielo abierto que puedan provocar contaminación en las aguas de Cotuí, Fantino y Maimón.
Dijo que las operaciones se realizan en base a estándares internacionales y con el uso de tecnologías de punta, que reducen a su mínima expresión los efectos ambientales.
Otro punto de coincidencia entre los panelistas fue el relativo al papel que debe jugar el Estado, de supervisar y auditar, mediante mecanismos de controles, el capital invertido por la Barrick Gold, cuyos ejecutivos afirman que será superior a los 3 mil 600 millones de dólares.
Ese monto de inversión es puesto en dudas por De León, Carvajal y Aristy Escuder, que coincidieron en que la cifra no es compensatoria con la cantidad de empleos que generará la mina una vez en operación, que sería de mil directos, y con el impacto social y ambiental de la zona.
Sánchez Albavera afirmó que en el proceso de remediación de los terrenos y la preparación de las infraestructuras para la extracción de oro y otros minerales, se emplea a casi 4 mil trabajadores.
Juntos a los conductores del panel, que se tituló “El debate del Oro”, los participantes acordaron realizar una visita a la mina de Pueblo Viejo, que se efectuará el 6 de abril, con fines de observar los trabajos de remediación que se realizan en los terrenos, la colocación de barreras en la presa de Migajita, para evitar la contaminación de las aguas, la construcción de las infraestructuras para la extracción de minerales y la instalación de la planta de tratamiento de las aguas utilizadas en el proceso.
La contradicción
El director de minería, el representante de la Barrick Gold y los ambientalistas no pudieron encontrar un punto de coincidencia en lo relativo al contrato, pues mientras los primeros lo defendieron, al considerarlo beneficioso para el país y el Estado, los segundos lo calificaron de leonino y como una estafa, ya que sólo beneficia a la minera canadiense.
De León, Carvajal y Aristy Escuder insistieron en que las inversiones que se realizan en la remediación de los terrenos deben ser asumidas en su totalidad por la Barrick Gold y no dividirlas en partes iguales con el Estado dominicano.
El costo estimado es de unos 75 millones de dólares, de los que los ejecutivos de la empresa afirman que aportarán la mitad y el restante 50 por ciento, unos US$37.5 millones, lo adelantarán al Estado con pagos a deducciones de los futuros beneficios por las exportaciones.
Los tres profesionales coincidieron en reclamar que el contrato sea modificado, por considerar que hay irreguriladades en su concepción y porque la minera no asume su responsabilidad total por los damos ambientales.
RD$1,200 millones de pesos dejaría de recibir el Estado, según los ambientalistas, debido al contrato.
Acuerdos complementarios
El director de Minería, Octavio López, reveló que hay una serie de acuerdos complementarios que supuestamente dan al Estado mayores beneficios por la explotación y exportación de los sulfuros de oro enCotuí
Pueblo Viejo, Cotuí, revelación que sorprendió a los ambientalistas, quienes afirmaron que se mantienen en secreto, ya que hasta el momento el país los desconoce y no sabe su contenido.
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