En un debate de unas dos horas, el economista Jaime Aristy Escuder, el ingeniero geólogo Rafael Osiris de León y otros profesionales en la materia analizaron algunas complicaciones que tendrá el contrato del Estado y la empresa Barrick Gold para la explotación del oro de los sulfuros de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, del cual coincidieron en señalar que es una “bomba ecológica”, que tiene como objeto dañar el medio ambiente en el país.
En el programa Consulta Económica de la Z, que dirige el economista Jaime Aristy Escuder, los expertos, que objetan el contrato que implica una inversión de 3 mil 500 millones de dólares, insistieron en que ese contrato debe ser revisado inmediatamente por que es una estafa contra el pueblo dominicano.
En la mesa redonda radial también participaron Robert Contreras, experto fiscal, Fabricio Gómez Mazara, economista y José Alejandro Ayuso, abogado, quienes lamentaron que gran parte de los congresistas haya aprobado ese contrato, aún sin haberlo estudiado, por lo que creen no se merecen ser reelectos.
El consorcio Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), formado por Barrick Gold y Goldcorp, pretende comenzar en el cuarto trimestre de 2011 la extracción de oro, plata, cobre y zinc de la antigua mina de Pueblo Viejo y yacimientos aledaños, a pesar de que enfrenta la oposición de diversos sectores que insisten en que habrá daños ambientales.
Aristy Escuder explicó que será dentro de siete años que la empresa minera canadiense Barrick Gold recupere la inversión de 3 mil millones de dólares más un 10 por ciento de ganancia y entonces comenzará a pagar impuestos al Estado Dominicano, lo que considera improcedente en términos económicos, debido a la desventaja que eso representa para el país.
Es decir, que la Barrick Gold debe recibir los tres mil millones de su inversión más un 10 por ciento de ganancia, o sea, 3 mil 300 millones de dólares para comenzar a pagar al Estado el grueso de impuestos tales como el de la Renta, que es un 25 por ciento; el de la participación de utilidades netas, que es un 28.75 y, entonces una vez reciban todo el dinero invertido más un 10 por ciento de ganancia comienzan a pagarle al Estado Dominicano.
En ese sentido, durante ese tiempo el Estado sólo recibiría un 3,2 por ciento de retorno de utilidades netas, unos 32 millones de dólares al año, suma que calificó de insignificante, además de que aseguró que tal como está el contrato no tiene una supervisión eficaz.
De su lado, Osiris de León consideró que el pueblo dominicano ha hecho el papel que debió asumir el Gobierno central contra el contrato de la Barrck Gold, ya que las discusiones públicas que ha realizado la sociedad, la tenía que haber propiciado el Gobierno a fin de transparentar los términos de este contrato.
El geólogo se refiere a las constantes oposiciones que han manifestado diferentes grupos comunitarios y ambientalistas con el objeto de parar la operación de dicha empresa minera en esa zona, ya que la explotación de la mina de oro le costará al pueblo de Cotuí mucho sacrificio, considerando que la contaminación por la emanación del polvillo y otros elementos afectaran la salud de los residentes de este pueblo, tal como sucedió en Bonao con la Falconbridge.
Osiris de León es coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, y durante su participación en el programa Consulta Económica de la Z, detalló que los beneficios de ese contrato no se verán en el corto plazo ni nunca, porque de acuerdo al artículo 8.4 del contrato esos beneficios están condicionados a que la empresa minera Barrick Gold primero haya recuperado toda su inversión y haya obtenido una tasa interna de retorno de 10%, y para nunca llegar a recuperar la inversión ni la tasa interna de retorno de 10%, la empresa ha inflado la inversión, desde los 330 millones de dólares originalmente definidos por la Placer Dome, hasta los 700 millones de dólares anunciados por la Barrick Gold en el Palacio Nacional en fecha 28 de mayo de 2008, y desde ahí hasta los 3,000 millones de dólares que Barrick anuncia.
Dijo que si en este país hubiese un Congreso independiente, los funcionarios gubernamentales que firmaron ese contrato que evidentemente engaña al pueblo dominicano, serían los mismos congresistas los que se hubiesen opuesto a su probación, a sabiendas de que la modificación constituía una estafa en contra de la nación fruto de la eliminación del 25% de participación en las utilidades netas.
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