El director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, doctor Jorge Lizardo Vélez, afirmó que se solidariza con las organizaciones de ecologistas que rechazan las operaciones de la empresa minera Barryck Gold en el pueblo de Cotuí.
Dijo que la empresa foránea no plantea ningún beneficio representativo para la sociedad dominicana, más que los daños que puedan quedar de la explosión, por lo que el país debe rebelarse ante esa situación; además pone a disposición de la sociedad preocupada por el medio ambiente y los recursos naturales la ayuda y asesoría, así como los mecanismos necesarios para que se haga justicia.
El doctor Vélez argumenta que se oponen a las pretensiones de la empresa extranjera, por entender que con la aprobación del contrato de la Barrick Gold, se violan leyes de Medio Ambiente, de Minería y hasta la propia Constitución, tras indicar que el Estado le entregaría a la empresa todos sus bienes sin recibir ningún tipo de beneficio.
Aclaró que no se opone al desarrollo de ese sector, sino que la empresa otorgue el 40% de los beneficios y que se encargue de los daños ocasionados.
“El instituto que dirigimos apoya y se solidariza con los grupos ecologistas, comunitarios y ambientalistas del pueblo de Cotuí y de todo el país, en procura de que la empresa Barryck Gold no realice sus operaciones de extracción de oro en la República Dominicana”, expuso el doctor Vélez.
Señala que la explotación de la mina de oro le costará al pueblo de Cotuí mucho sacrificio, considerando que las contaminaciones por las emanaciones de polvillo y otros elementos contaminantes que afectarán la salud de toda la población de la zona, tal como ha sucedido en Bonao con la Falcon Bridge.
Precisó que se sienten alarmados por el peligro que podría representar el contrato y ante la posibilidad de que se pierda el equilibrio ecológico, al otorgársele un contrato a una empresa minera que tiene demanda alarmante en países como Argentina, Perú y otras naciones de Suramérica.
Considera además que las operaciones irían en contra de la producción agrícola de la región; dañarían además todo el sistema ambientalista y ecológico en un radio de 10 kilómetros.
Por tales motivos, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, comprometido con los mejores intereses de la nación dominicana, justifica el sometimiento a la justicia de la empresa minera Barryck Gold.
El abogado y defensor medioambientalista puntualizó que así como triunfó un pueblo humilde, pero decidido a luchar unido por las mejores causas, cuando se opuso que el proyecto de construcción de la cementera de Los Haitises fue derrotado, así saldrá airosa una vez más la razón y la justicia.
De todas maneras, dijo que el Instituto de Abogados Defensores del Medio Ambiente se mantendrá vigilante ante todas las acciones negativas que vayan en contra y detrimento de la vida y de nuestros recursos naturales.
Dijo que la empresa foránea no plantea ningún beneficio representativo para la sociedad dominicana, más que los daños que puedan quedar de la explosión, por lo que el país debe rebelarse ante esa situación; además pone a disposición de la sociedad preocupada por el medio ambiente y los recursos naturales la ayuda y asesoría, así como los mecanismos necesarios para que se haga justicia.
El doctor Vélez argumenta que se oponen a las pretensiones de la empresa extranjera, por entender que con la aprobación del contrato de la Barrick Gold, se violan leyes de Medio Ambiente, de Minería y hasta la propia Constitución, tras indicar que el Estado le entregaría a la empresa todos sus bienes sin recibir ningún tipo de beneficio.
Aclaró que no se opone al desarrollo de ese sector, sino que la empresa otorgue el 40% de los beneficios y que se encargue de los daños ocasionados.
“El instituto que dirigimos apoya y se solidariza con los grupos ecologistas, comunitarios y ambientalistas del pueblo de Cotuí y de todo el país, en procura de que la empresa Barryck Gold no realice sus operaciones de extracción de oro en la República Dominicana”, expuso el doctor Vélez.
Señala que la explotación de la mina de oro le costará al pueblo de Cotuí mucho sacrificio, considerando que las contaminaciones por las emanaciones de polvillo y otros elementos contaminantes que afectarán la salud de toda la población de la zona, tal como ha sucedido en Bonao con la Falcon Bridge.
Precisó que se sienten alarmados por el peligro que podría representar el contrato y ante la posibilidad de que se pierda el equilibrio ecológico, al otorgársele un contrato a una empresa minera que tiene demanda alarmante en países como Argentina, Perú y otras naciones de Suramérica.
Considera además que las operaciones irían en contra de la producción agrícola de la región; dañarían además todo el sistema ambientalista y ecológico en un radio de 10 kilómetros.
Por tales motivos, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, comprometido con los mejores intereses de la nación dominicana, justifica el sometimiento a la justicia de la empresa minera Barryck Gold.
El abogado y defensor medioambientalista puntualizó que así como triunfó un pueblo humilde, pero decidido a luchar unido por las mejores causas, cuando se opuso que el proyecto de construcción de la cementera de Los Haitises fue derrotado, así saldrá airosa una vez más la razón y la justicia.
De todas maneras, dijo que el Instituto de Abogados Defensores del Medio Ambiente se mantendrá vigilante ante todas las acciones negativas que vayan en contra y detrimento de la vida y de nuestros recursos naturales.
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